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JUSTICIA Y PAZ El juez español recomienda a Colombia iniciar los juicios a paramilitares «cuanto antes» pues las víctimas aún no son restituídas. Reconoce voluntad del Estado de hacer justicia.
Martes 3 Agosto 2010

Como un escenario “obvio” calificó el juez Baltasar Garzón una eventual intervención de la Corte Penal Internacional (CPI) si Colombia no tiene la capacidad de hacer justicia con las víctimas del conflicto.

El pronunciamiento del magistrado, quien se desempeña como asesor de la Fiscalía en la CPI, se produjo este martes 3 de agosto en la Universidad Complutense de Madrid, ubicada en la provincia de San Lorenzo del Escorial.

Según Garzón, uno de los principales problemas del proceso de justicia y paz, que recientemente cumplió cinco años de aplicación, es la «falta de coordinación y decisión jurídica y política para empezar los juicios».

El juez español dice que esa circunstancia ha puesto a las víctimas en una situación incómoda: “aguantan demasiado y aún no son restituidas”.

Desde la aplicación de la ley de Justicia y Paz, que permitió la desmovilización de las Autodefensas, la justicia colombiana ha proferido una sentencia contra dos jefes paramilitares.

Edward Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y Úber Martínez, alias ‘Juancho Dique’, fueron condenados por la masacre de once campesinos en la vereda Las Brisas, en el corregimiento Mampuján de María la Baja, Bolívar, y el desplazamiento de 300 familias.

Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, es el tercer ex combatiente de las Autodefensas que está próximo a recibir sentencia.

Según el jefe de la unidad de Justicia y Paz, Luis González, en reciente entrevista con el portal Verdadabierta.com (ver artículo), “hay 56 postulados con más de cuatro mil delitos esperando sentencia”, pero reconoce un ‘cuello de botella’ en este proceso de justicia transicional en los pocos magistrados dedicados a estos juicios, sólo tres.

“Ya no depende de la Fiscalía sino del poder judicial a ver si nombra más magistrados para poder avanzar”, dijo González en la entrevista.

El juez español Baltasar Garzón reconoció estos pero admitió que Colombia “tiene una voluntad clara” de hacer justicia “pero los juicios no arrancan”.

Desde Madrid planteó la posibilidad de que las audiencias de juzgamiento comiencen, así sea, con imputaciones parciales a los ex paramilitares.

“Son necesarias acciones más inmediatas, aunque sean parciales, y que es importante que las violaciones de derechos humanos se juzguen y que las condenas sean efectivas”, dijo Garzón.

El pronunciamiento del magistrado español, quien actualmente se encuentra suspendido de la Audiencia Nacional Española (por abrir expedientes de la época de la dictadura), se produce a los cinco años del inicio del proceso de Justicia y Paz, del cual fue muy vigilante.

Además, es el primer concepto a los procesos judiciales de Colombia que se produce tras la reunión que sostuvo, tres semanas atrás, con el presidente electo Juan Manuel Santos. En aquella reunión, Santos pidió al juez español “colaboración en varios frentes”, y el magistrado mostró su voluntad de hacerlo.

Con información de la agencia EFE.

Revista Semana

Por Antonio Caballero
OPINIÓN
Espero que se mantenga. No solo por el bien de la fiesta más profunda y compleja y cargada de sentidos que existe en el mundo –el rito, el sacrificio, el combate, la ética del valor– sino por el bien de la tolerancia.
Sábado 31 Julio 2010
Hace un año escribí aquí mismo una columna diciendo que el procurador Alejandro Ordóñez no tenía por qué meter las narices en la fiesta de los toros en tanto que Procurador General de la Nación, así su concepto fuera, como lo fue, favorable. Lo mismo digo ahora con respecto a la intervención de la Corte Constitucional, hasta donde llegó ya el trámite de la demanda sobre la prohibición de las corridas. Las fiestas, por su naturaleza misma, deberían ser dejadas en paz, y no sometidas a la voracidad legiferadora. Pero se trata por lo visto de algo inevitable: es nuestra herencia de España.

Nuestra herencia española no son solo los toros: un beneficio que, personalmente, agradezco. Se lo debemos a los conquistadores y los curas del siglo XVI, que los trajeron desde el otro lado del mar, y a los virreyes que importaron la tradición de correrlos en las fiestas. A los libertadores del siglo XIX no se les ocurrió que una de sus misiones emancipadoras consistiera en abolir las corridas con el pretexto de que eran herencia de la metrópoli colonial expulsada. Por el contrario: celebraron la independencia con corridas de toros. No sucedió como en Cuba, donde la mucho más tardía separación de España conllevó la desaparición de las corridas: ordenada por el Senado de los Estados Unidos. (Cabe añadir que su lugar en la pasión popular fue ocupado inmediatamente por el béisbol).

Pero la herencia española trae también una maldición: la vesania jurídica. De los curas justicieros del siglo XVI que defendían los derechos de los indios, y de paso sacrificaban los de los negros -Las Casas, Montesinos, Vitoria-, y de los oidores y visitadores del XVII y el XVIII nos quedó en Colombia el vicio de mirarlo todo a través del prisma reductor de lo jurídico, incluyendo la fiesta. Es por eso que, ante la demanda interpuesta por un ciudadano que lleva en su torrente sanguíneo ese gen leguleyo, se puso en marcha la maquinaria de la Procuraduría General de la Nación y está ahora el tema de prohibir o no prohibir las fiestas de toros y las riñas de gallos en manos de los magistrados de la Corte Constitucional.

Prohibir o no prohibir. Ahí está el tercer elemento de la herencia que recibimos de España: la pasión de prohibir.

Una pasión profundamente hispánica, que paradójicamente acaba de hacer metástasis entre los nacionalistas catalanes. El Parlamento de Cataluña, por razones de identidad nacionalista y para diferenciarse de los españoles, escapando al imperialismo castellano, acaba de prohibir las corridas de toros. Al ceder ellos también a la pasión de prohibir, los diputados catalanes acaban de abandonar la tradicional tolerancia de su región y de consagrarse como verdaderos españoles: en cuanto tienen autoridad, la usan para prohibir algo. No lo hubiera hecho más castizamente ni siquiera el rey Felipe II.

Según entiendo, la fiesta de los toros en Colombia no corre verdadero peligro. Por lo visto la ponencia del magistrado Humberto Sierra Porto se inclina en el mismo sentido que el concepto del Procurador de hace un año: mantenerla, en contra de la intolerancia que quisiera prohibirla. Espero que así sea. No solo por el bien de la fiesta más profunda y compleja y cargada de sentidos que existe en el mundo -el rito, el sacrificio, el combate, la estética, la ética del valor- sino por el bien de la tolerancia.