Si la Comisión de investigación va a ser esta de mucho va a valer. Vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos Calderón; el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos Calderón, primo hermano del Vicepresidente; el fiscal del Estado, Mario Hernán Iguarán, otro de la misma rosca del Uribismo pues es mejor apagar e irnos, pues la investigación será un verdadero asco. Que dirán:
Que un grupo de soldaditos por lograr méritos ha estado cometiendo los asesinatos y asunto arreglado,que van a ser castigados,cuando en el fondo de todo esto hay algo peor.

En realidad deberían investigarlo personas que no tengan nada que ver con ese Gobierno de falsedad, que no hace sino mentir, vulnerar los derechos humanos,ahi tienen el vicepresidente primo hermano del Ministro de Defensa y dueños del Tiempo, que van a querer ellos que vaya a ver otro Presidente fuera del que ellos ponen como Uribe que defiende sus Empresas y sus riquezas y a todos los ricos de afuera y de dentro de Colombia y los pobres, callados, maltratados, sin empleo, desplazados, muchos sin techo, sin comida, si afuera también se ve la realidad de Colombia por más que la quieran ocultar.

Si no es por Medicina Legal y la secretaría de Gobierno de Bogotá que denunció el caso, las muertes seguirían campando a sus anchas. Entonces si esta es la COMISION DE INVESTIGACION mejor como digo apaga y vámonos porque nada se va a solucionar.Ahora cuando algo no les sirve hacen esto.

Ahí tienen una prueba, esta si es una noticia de Caracol.com

No se pude seguir inyectándo plata a un sistema judicial ineficiente: Vicepresidente Santos

El vicepresidente de la Republica, Francisco Santos Calderón, dijo que el sistema judicial colombiano debe sufrir una profunda transformación. Según el, no se le puede seguir inyectando plata a un sistema que es ineficaz e ineficiente.

Agrego que en los últimos seis años el presupuesto de la justicia se ha aumentado en un 85%, sin que los colombianos tengan hoy los resultados que se requiere de este sistema.

Francisco Santos Calderón índico que el gobierno nacional he ofrecido todas las soluciones para resolver el paro judicial y reconoció que hay un problema de presupuesto para resolver la situación que ya se extiende por 27 días.

El vicepresidente finalizo diciendo que Asonal Judicial tendrá que responder entre otras cosas por el retorno a la libertad de un sujeto que había sido capturado en Soacha y que está vinculado a la desaparición de varios jóvenes en este municipio de Cundinamarca.

 http://www.caracol.com.co/nota.aspx?id=680155

Otra cosa que no les conviene.

Piden la renuncia de la secretaria de Gobierno de Bogotá

Martes 30 Septiembre 3:00PM

El representante a la Cámara por Bogotá, Nicolás Uribe, le pidió la renuncia a la secretaria de Gobierno Clara López luego de conocerse los desfavorables resultados de la percepción de seguridad de los bogotanos.

Los resultados de la encuesta de Percepción y Victimización presentados por la Cámara de Comercio, conocida este martes, indican que a los bogotanos les preocupa más la criminalidad en la ciudad que la pobreza.

“Lo más preocupante no es sólo que la percepción de inseguridad se haya incrementado en 5 puntos, sino que también haya aumentado significativamente el número de personas que manifiesta haber sido víctima de un delito”, dice el congresista del Partido de la U.

El País.com

Colombia investiga al Ejército por el asesinato de decenas de jóvenes

PILAR LOZANO | Bogotá 30/09/2008

Decenas de jóvenes, todos pobres, de diferentes ciudades del país, y que habían sido denunciados como desaparecidos por sus familias, están apareciendo muertos en sitios alejados de las localidades en las que vivían. Según el Ejército fueron reclutados por grupos armados y murieron en combate. Pero esta versión no encaja: la mayoría murió uno o dos días después de que sus familias les perdieran el rastro.

Se sabe que todos los ejércitos ilegales (guerrillas y paramilitares) entrenan a sus combatientes en escuelas especiales. Un sofisticado sistema estatal que cruza la información sobre las denuncias de desapariciones y los datos procedentes de la Medicina Legal permitió destapar el escándalo.

En una reunión de urgencia celebrada el lunes entre el vicepresidente del Gobierno, Francisco Santos; el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos; el fiscal del Estado, Mario Hernán Iguarán y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, se decidió crear un grupo especial que investigará «hasta las últimas consecuencias, esté metido quien esté metido (…) El Gobierno está muy preocupado», afirmó el vicepresidente.

La semana pasada empezaron a aparecer los cuerpos de muchachos de barrios marginales de Bogotá y Soacha, un municipio colindante, y en Ocaña, a 600 kilómetros al norte. Son 23 los muertos. La mayoría fueron tiroteados por la espalda nada más llegar. «Eso no es reclutamiento, es una desaparición forzada con fines de homicidio», dijo la secretaría de Gobierno de Bogotá, Clara López.

El Ministro de Defensa salió al paso del enigma nada más conocerse. Ordenó una investigación exhaustiva. Días después, como si temiera que fueran ejecuciones extrajudiciales realizadas por elementos de las Fuerzas Armadas, el ministro afirmó: «Me dicen que todavía hay reductos de la Fuerza Pública que están exigiendo cuerpos como resultados».

‘Falsos positivos’

No es la primera vez que se habla en Colombia de estos falsos positivos, término que engloba a campesinos y gente marginal mostrada por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Por esta vía obtienen puntos en su carrera militar. Hay denuncias sobre prebendas -días de descanso, por ejemplo- que ofrecen algunos batallones a los soldados que informen de muertos en combate.

Hay 750 investigaciones en marcha por este delito; 50 militares ya han sido condenados. La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había advertido a las autoridades de desapariciones y muertes de jóvenes en varias ciudades del país. En su informe anual exhortó al alto mando militar a adoptar medidas extraordinarias para que se establezcan las responsabilidades. Hasta abril del 2008 tenían registradas 35 víctimas.

En un comunicado publicado el lunes, el Alto Comisionado «pide medidas urgentes para prevenir, investigar, sancionar y hacer públicas las responsabilidades materiales e intelectuales de estos hechos». El dolor y el desconcierto de los familiares son grandes. Los muertos tenían entre 17 y 32 años. La mayoría eran parados o realizaban trabajos precarios en la construcción y en talleres de mecánica. Algunos tenían antecedentes penales.

La alcaldía de Ocaña ha pagado a los padres el alojamiento y alimentación para que puedan ir a reconocer a sus seres queridos, pues fueron encontrados los cuerpos en un cementerio rural. Flor Hilda no aguantó ver la exhumación de su hijo de 25 años y se desvaneció al lado de la fosa.

Las razones de por qué fueron a parar en sitios tan lejanos a su residencia, son confusas. La fiscalía investiga la versión sobre un hombre que se presentaba como soldado profesional y ofrecía dos millones de pesos (unos 710 euros) para buscar una guaca (tesoro escondido) en un municipio cercano a Bogotá. Se habla también de promesas de dinero a cambio de un buen trabajo.

Las zonas donde vivían estos jóvenes son pobres. La juventud sin futuro es fácil presa de falsas promesas y de engaños. Se sabe que allí también los reclutadores buscan candidatos para llevarlos a las filas de grupos ilegales, guerrilla, grupos emergentes -así se llama a los nuevos grupos producto del rearme paramilitar-, como las Águilas Negras.

En la personería (oficina de defensa de derechos humanos) de esta capital existen denuncias de amenazas de las Águilas Negras en los barrios marginales. Con los pasquines que hacen rodar debajo de las puertas alertan a los jóvenes drogadictos, delincuentes varios y a los que se arriesgan a salir de sus casas a altas horas de la noche. La madre de uno de los muertos, Johnatan Soto, contó en esa oficina que días antes de desaparecer su hijo le había dicho: «Nos tenemos que ir del barrio». No explicó el porqué.

El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, ha advertido reiteradamente sobre el reclutamiento de jóvenes, en nueve de los 32 departamentos del país. «Los grupos armados se han convertido en una especie de mercado laboral para adolescentes desorientados que no encuentran alternativas laborales».

Semana.com

Por Juan Diego Restrepo*
OPINIÓN Los paramilitares son los peones de la guerra, los verdaderos promotores están en la sombra
Lunes 29 Septiembre 12:00AM

El ex paramilitar Salvatore Mancuso tiene razón cuando afirma que si actores de la guerra en Colombia como él no dicen toda la verdad, “los verdaderos culpables del conflicto van a señalar a la guerrilla y a los paramilitares como los culpables”. Estas palabras, pronunciadas desde un tribunal en Washington el jueves pasado, permiten constatar que en el país son muchos los que callan su participación en el conflicto armado y depositan toda responsabilidad en los verdugos.

El reclamo de Mancuso es justo: la verdad de la expansión y consolidación del proyecto paramilitar en diversas regiones del país no sólo pasa por los victimarios. De ello me había hablado un campesino de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Oriente antioqueño: “Los victimarios son los peones de la guerra. Los verdaderos promotores del paramilitarismo están en la sombra”.

Es justamente en Antioquia, escenario de los últimos escándalos sobre nexos de altos mandos militares, funcionarios judiciales y empresarios con estructuras paramilitares, donde menos se conoce de ello y donde poco se han avanzado en las investigaciones. Aquí se han protegido a los culpables desde diversas instancias estatales y aún se agazapan promotores y financiadores de tanto desangre.

El caso del ex fiscal Guillermo Valencia Cossio sólo es un pie de página de un gran texto que no es posible leer en su verdadera magnitud porque aún faltan muchas verdades; pero quien puede escribir una página completa es el empresario paramilitar Raúl Hasbún, pues tiene en su cabeza la estructura de financiación de la “empresa”, como llaman a las Auc en Urabá. Lo curioso es que los medios de información se ocupan tímidamente de sus versiones.

Por eso es que después de decenas de audiencias públicas de los ex paramilitares ante los fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, aún no alcanzamos a entender las lógicas paramilitares que permitieron tanta barbarie. Si bien hay retazos de verdad en las confesiones, falta mucho para comprender la estrategia contrainsurgente desarrollada en el país desde hace décadas.

No obstante, creo que parte de las claves para desentrañar tal estrategia belicista está en las mismas palabras de Mancuso, quien aseveró que el Estado es el principal promotor de la violencia, pues según él, lo reclutó y entrenó para acabar, supuestamente, con la guerrilla.

Esa versión de Mancuso coincide con la de otros jefes paramilitares que, en distintas circunstancias y tiempos, hicieron igual referencia: “El ejército realmente nos formó, nos capacitó para combatir a la guerrilla”, reconoció en 1996 Carlos Castaño. En el 2006, Ramón Isaza explicó cómo empezó su labor paramilitar en el Magdalena Medio: “organicé a 16 ganaderos, los llevé al batallón y allá nos consiguieron 16 escopetas de 7 y 8 tiros”.

Las concepciones ideológicas que amparan lo afirmado por Mancuso están consignadas en el Reglamento de combate de contraguerrillas de abril de 1969, que sugirió la creación en Colombia de juntas de autodefensa como “organización de tipo militar que se hace con personal civil seleccionado de la zona de combate, que se entrena y equipa para desarrollar acciones contra grupos guerrilleros que amenacen el área y para operar en coordinación con tropas de acciones de combate”.

Propósito que se mantuvo en el Manual de Combate contra Bandoleros y Guerrilleros, de junio de 1982, que planteó como función de la institución militar organizar, instruir y apoyar a las juntas de autodefensa, “y orientar la provisión de armas y el establecimiento de una relación amistosa”. Con igual sustento ideológico, surgieron, en la década del 90, las asociaciones de seguridad privada, llamadas Convivir; paralelamente se consolidaron las Autodefensas Unidas de Colombia y, muy probablemente, beban de esas aguas las llamadas Águilas Negras.

La estrategia contrainsurgente promovida por el Estado requirió de la participación de amplios sectores estatales, políticos y económicos, que no vacilaron en apelar al paramilitarismo como uno de los instrumentos de intervención. Razón entonces tiene el ex paramilitar Salvatore Mancuso. Por eso es previsible que vengan nuevos escándalos y haya más capturas de personalidades, tanto del sector público como privado, en Antioquia y en el resto del país.

Parte de la verdad que necesita el país pasa por reconocer que el paramilitarismo en el país no fue un fenómeno autónomo y sus propósitos tuvieron un alcance más allá de lo militar: así como se tejieron alianzas para perseguir, reprimir y eliminar a los grupos guerrilleros y, por extensión, a opositores políticos y a la población civil señalada como auxiliadora o simpatizante de la insurgencia; también se hicieron acuerdos para apropiarse de miles de hectáreas de tierra, recursos del Estado y “refundar la patria”.

El problema de no reconocer y aceptar esa verdad tiene tres efectos negativos: reduce el fenómeno a actos criminales puntuales y a un conteo de fosas y de cadáveres, mantiene un velo de impunidad y abre el espacio para simplificar la nueva fase del paramilitarismo y reducirlo a un problema entre narcotraficantes. Urge entonces conocer a esos otros culpables de tanta barbarie en campos y ciudades para propiciar una verdad integral que los lleve ante la justicia y sea realmente reconciliadora.

(*) Juan Diego Restrepo es periodista y docente universitario

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Profesor excelente su analisi, claro que no demora un miembro de la «inteligencia» militar –es lo que menos tienen- en decir que ud es aliado de las FARC, y si se descuida aparece por alla en Ocaña -dios quiera que no– reportado como caido en combate, y le cambian su pluma y le ponen un fusil al lado, disculpeme lo tragico de este comentario, pero en este pais «ni an se sabe». ¡¡¡YY ahora los deportes¡¡¡

WWW.DESALAMBRANDO .COL .NU
Lea: «Las demandas y los procesos de filtrado en el actual sistema político colombiano» (http://usuarios.lycos.es/reysol/blog/?p=54) En: www.desalambrando.col.nu

Profesor muy buena columna. Los responsables políticos y beneficiarios económicos aún no se conocen.

Estamos ante un estado terrorista,que utiliza a los pobres contra los mismos pobres.Colombia es un estado sanguinario,donde sus diversos presidentes por medio del terror han mantenido a los ganaderos,terratenientes, banqueros en el poder,aquí no existe ninguna democracia porque ésta depende del dinero que se tenga y hay una trabazon entre la delincuencia de cuello blanco y el estado.Los heroes del uribismo tienen pies de plomo.