Llevaba al frente de la fiscalía lucense poco más de un año, aunque tenía entre manos grandes macrooperaciones judiciales abiertas con una relativamente alta trascendencia mediática. Entre ellas, las operaciones Carioca, Campeón y Pokémon, las cuales tienen en vilo en los últimos años a los principales partidos políticos de Galicia.

La operación Carioca, salida a la luz en otoño de 2009, desveló una trama de prostitución en la que estaban involucrados funcionarios y policías. Tirando del hilo de este caso aparece, en la primavera de 2011, la operación Campeón, centrada en la presunta concesión de subvenciones irregulares a empresas como contraprestación al cobro de comisiones por parte de cargos públicos. En septiembre de 2012 sale a la luz la operación Pokémon, centrada en la adjudicación de contratos por parte de distintas administraciones públicas de Galicia a cambio de sobornos a cargos directivos, entre ellos varios alcaldes.

Todas estas operaciones tocaron al núcleo duro de la política gallega. La operación Carioca supuso la imputación de 84 personas, entre ellos 23 agentes policiales. Laoperación Campeón llegó a involucrar al alcalde de Lugo, dos diputados autonómicos y al mismísimo Ministro de Fomento, en ese momento aforado. Por su parte, la Pokemónsuma más de un centenar de imputados, entre ellos directivos de empresas, políticos y funcionarios, afectando de lleno a los gobiernos de cuatro de las principales ciudades gallegas: Lugo, Ourense, Santiago y A Coruña. Estos casos de corrupción han supuesto la ruptura de acuerdos en varios gobiernos de coalición y llevado a situaciones de ingobernabilidad, como la vivida esta legislatura en el concello compostelano.

Pero la corrupción no sólo mata a los que están contra ella. También mata a los que están en ella, sobre todo cuando aumenta la codicia y disminuyen los honorarios, algo habitual en momentos de crisis. Ese es el momento ideal para que las revanchas y chantajes entre (ex-)socios enrarezcan la convivencia. A ello se une el clima de crispación social que provoca un aumento de la tensión entre los miembros del entramado. Y como ejemplo, la muerte hace algo más de un año de Juan Simón, abogado imputado en la trama de corrupción de Estepona y supuesto “testaferro de Astapa”.